Susly Márquez
Más de cien colectivos de familias buscadoras y organizaciones civiles alzaron la voz esta semana para rechazar una reforma propuesta por el gobierno federal a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas. La principal preocupación gira en torno a la creación de una “Plataforma Única de Identidad”, un sistema que reuniría datos personales como huellas dactilares, fotos y el CURP de todas las personas que viven en México, incluyendo a extranjeros con residencia.
Quienes se oponen advierten que esta plataforma, en lugar de ayudar a encontrar a los más de 129 mil desaparecidos en el país, podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva. Además, critican que la reforma no soluciona problemas urgentes como la crisis forense: actualmente hay más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país.
Defensores de derechos humanos también alertan que esta medida daría acceso a los datos personales a dependencias como el Centro Nacional de Inteligencia, sin controles claros ni castigos en caso de mal uso. También señalan que el uso del CURP se extendería a actividades comunes como navegar por internet o comprar gasolina, lo que consideran excesivo.
El gobierno asegura que ha recibido más de 500 propuestas ciudadanas para mejorar la reforma y que el sistema contaría con registros de quién consulta la información. Sin embargo, los colectivos afirman que estas medidas no son suficientes si no hay vigilancia externa y participación real de las familias afectadas.
Por eso, exigen que se abra un diálogo público, que se escuche verdaderamente a las víctimas y que se fortalezca el trabajo de las comisiones de búsqueda y los laboratorios forenses, en lugar de crear plataformas que, en su opinión, podrían desviar el enfoque del problema real: la desaparición de personas en México.
Créditos: Susly Márquez