Jisselle Alvarado
Ciudad Juárez es testigo de una realidad que persiste a la sombra de la legalidad y la moral pública: el trabajo sexual. No se trata únicamente de una actividad marginal, sino de una experiencia humana que atraviesa múltiples violencias, estigmas y omisiones históricas. A través de la labor de organizaciones como Programa Compañeros A.C., dirigido por María Elena Ramos Rodríguez, emerge una voz clara que interpela a la sociedad, las mujeres que ejercen el trabajo sexual son ciudadanas con derechos y no deben ser tratadas como delincuentes, sino con dignidad.
Durante décadas han enfrentado un estigma sistemático que corrompe el respeto que cada una de ellas merece. Ramos indica que ellas se enfrentan a la violencia policial, acoso, extorsión, abandono en políticas de salud pública, la negación del acceso a derechos básicos como la seguridad, la salud, la educación y la justicia.
Gracias a un sinfín de tabúes, que se mezclan con misoginia y la señalización hacia las mujeres como mercancía, pudo hacerse posible la creación de una mesa interinstitucional; en ella participan autoridades municipales, estatales, organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, las representantes de Programa Compañeros y de la mesa de Trabajadoras Sexuales (MTS). Por el momento, este paso ha representado un parteaguas para visibilizar a este sector de la población que constantemente vive en marginación social.
Es relevante destacar que esta mesa no sólo busca visibilizar la situación del trabajo sexual, sino también incidir en las decisiones públicas. La participación de mujeres que ejercen el trabajo sexual marca un giro en la narrativa porque ya no se habla por ellas, sino que ellas hablan. Se organizan, comparten información, educan a otras compañeras sobre sus derechos y se convierten en agentes de cambio dentro de sus propios contextos.
Recordemos a Zulema, una mujer que dejó de ejercer el trabajo sexual y el consumo de drogas para integrarse como trabajadora en Programa Compañeros, pero que fue víctima de abuso policial. Era una tarde común en la que salió junto con otros colaboradores a difundir información de salud, sin embargo, llegaron policías y trataron de apartarla llevándola a un callejón, tratando de utilizarla, apretando su cabello y con amenazas de arrestarla si no obedecía. Aquí se plasma la brutal persistencia del estigma incluso cuando se intenta rehacer la vida. Su historia, aunque trágica, generó presión social y permitió que más de 100 policías del sector centro recibieran capacitación sobre derechos humanos y no discriminación. ¿Pero esto fue suficiente?
El problema radica en una profunda contradicción legal y moral: el trabajo sexual no es delito, pero el vacío normativo permite su criminalización de facto. Las detenciones arbitrarias, la violencia institucional y el trato inhumano se justifican en la ignorancia y el prejuicio. Por eso es crucial insistir en la necesidad de políticas públicas que reconozcan esta actividad como una forma legítima de trabajo cuando es ejercida de manera voluntaria, y que distingan con claridad entre trabajo sexual y trata de personas.
Además, el acompañamiento que brinda la organización va más allá de repartir condones o dar pláticas, también crean redes de apoyo y ofrecen alternativas para enfrentar situaciones como el consumo de sustancias, detección de enfermedades de transmisión sexual, embarazos, el abandono escolar o la vejez sin derechos.
El trabajo sexual, como lo muestran las mujeres de la Red MTS, es una ocupación precarizada, con condiciones laborales extremadamente duras, jornadas de 24 horas y sin protección social alguna. ¿Por qué negarles a estas mujeres la salud pública o el simple reconocimiento como trabajadoras? Muchas de ellas se orillan a trabajar en este sector por las condiciones de vida precarias en las que viven, para llevar de comer a sus hogares o a sus hijos. Si ellas no tienen clientes, puede ser un día triste o tal vez lleno de hambre.
Desde los primeros foros que tuvieron como: “Voces de conciencia, hablemos de trabajo sexual”, permitieron humanizar estas experiencias, abrir un diálogo con funcionarios y desmontar mitos profundamente arraigados en la sociedad. Porque, como dice uno de los testimonios, ‘’una mujer que ejerce el trabajo sexual puede ser tu hermana, tu madre o tu vecina. Negarles su humanidad es también negar la nuestra’’.
Las acciones interinstitucionales, aunque aún limitadas, son un ejemplo de lo que puede lograrse cuando se deja de lado la moralidad hipócrita de autoridades y ciudadanos comunes, para abrir paso a una ética del cuidado, de la justicia y de los derechos humanos. Pero es necesario que más actores se sumen, desde el gobierno hasta la ciudadanía, para garantizar que ninguna mujer sea violentada, invisibilizada o abandonada por el simple hecho de ejercer un trabajo que incómoda, pero que existe y persistirá por mucho más tiempo gracias a los grandes números de personas que quieren tener un servicio sexual.
Porque sin demanda se acabaría la oferta… incluso cuántas voces no hemos escuchado decir que dentro de los consumidores están personas muy inesperadas, personas dentro de cualquier grupo o estatus social. Qué tanto pueden fingir, mientras señalan las acciones de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, si son ellos mismos los que perpetúan el oficio y todavía lo vuelven más injusto.
